Los lobbies tendrán que inscribirse en un registro en el Congreso de los Diputados que el Gobierno tiene pensado impulsar en los próximos meses para poder tener contactos de trabajo con dirigentes políticos, según publicó la semana pasada El País. En él deberán registrarse «las organizaciones sociales y representativas de intereses entre cuyos fines se encuentre influir, directa o indirectamente, en la actividad legislativa de las Cortes Generales y en general en la adopción de decisiones políticas por el Congreso de los Diputados o el Senado o cualquiera de sus órganos».
Es decir, que está previsto para organizaciones empresariales, sindicatos, ONG, empresas de consultoría y relaciones institucionales y despachos de abogados, entre otras entidades. La regulación diseñada por el Ejecutivo, similar a la existente en el Parlamento europeo, aunque allí el registro es voluntario, se basa en las propuestas de un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dirigido por Benigno Pendás, que explicará el texto ante las Cortes próximamente.
Para avanzar en el tema, Moncloa ya ha constituido un grupo de trabajo, coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. La finalidad es reformar o elaborar siete leyes, incluida una nueva sobre Ejercicio de las Funciones Políticas y retoques en el Código Penal y en el futuro Código Procesal, que tramita el Ministerio de Justicia, para, por ejemplo, poder hacer públicas las declaraciones de patrimonio, actividades e ingresos de los cargos políticos, estableciendo controles sobre las incompatibilidades.
Además, un grupo de medidas se aplicarían con acuerdo parlamentario desde la Mesa del Congreso y del Senado, como la regulación de los lobbies. Fuentes oficiales explicaron a El País que todas estas iniciativas tienen que ver con la presión ciudadana y de la sociedad civil en favor de una regeneración democrática y que para que salgan adelante buscarán acuerdos con los grupos parlamentarios, como se trabaja actualmente para aprobar la ley de Transparencia.
La regulación de los lobbies determinará que “solamente las organizaciones válidamente inscritas en el registro podrán participar en los procesos de consulta pública y comparecencias”, así como actividades de «contactos, reuniones o comunicaciones directas con miembros de las Cámaras o con asesores al servicio de los Grupos Parlamentarios; la preparación, difusión o comunicación pública de estudios, documentos e informes orientados al debate político o a contribuir a la fijación de posiciones políticas sobre iniciativas legislativas«, entre otras.
