En 2006 el Congreso de los Estados Unidos, controlado en ese entonces por el partido republicano, aprobó la prohibición del juego por Internet y un mes después entró en vigor. Muchas webs, la mayoría, se retiraron del mercado estadounidense pero hubo otras, alegando una interpretación menos restrictiva del marco legal, que continuaron funcionando.
Pues bien, parece que les ha salido mal la jugada, puesto que ahora la ley reclama el pago de unos 3.000 millones de dólares a las 3 mayores webs de póquer: PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker. Las autoridades acusan a las salas de utilizar subterfugios para evadir la ley y esto sucede justo cuando existía el debate social sobre la posibilidad de volver a legalizar el juego por Internet.
Mientras tanto, los portales, por supuesto, se mantienen en activo en el resto de países en los que ya lo hacían.