En España, hasta la llegada de la democracia, la ayuda a los más desfavorecidos recaía en manos de la Iglesia católica, lo que, según los expertos, hace que nuestro país esté a años luz de Estados Unidos en donaciones y muy lejos también de otros países desarrollados con una situación social similar a la española.

El 18% de la población adulta realizó alguna aportación a las asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, según un estudio de 2011, el último disponible, de la Asociación Española de Fundraising elaborado junto a la consultora Bain. Esta cifra, inflada respecto a otros años por la movilización que generó el terremoto de Haití, se queda muy lejos del 50% que es la media europea.

Por ello, la donación del empresario gallego Amancio Ortega de 20 millones de euros a Cáritas levantó críticas, mientras dos días antes de su buena acción, un inversor estadounidense, John Paulso, hacía lo mismo, pero con 80 millones, a la sociedad encargada de la conservación del principal parque de Nueva York, Central Park. La diferencia entre ambas donaciones es que la cultura de la filantropía en ambos países es muy diferente.

La Ley de Fundaciones aceleró las donaciones de grandes fortunas, a partir de 2004, pero, según advierte el director de la Asociación Española de Fundraising (entidad que capta fondos para las organizaciones sin ánimo de lucro), Marcos Concepción, esta normativa está «anticuada», según publica esta semana El País.

Si realizar una donación en España equivale a una deducción del 25% en el IRPF o de un 35% en el impuesto de sociedades, ese porcentaje se eleva en Francia hasta el 65% para las compañías, existiendo otros casos mucho más extremos, como Austria o Estados Unidos, donde se puede deducir hasta el cien por cien de la aportación.

Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy ya se ha puesto manos a la obra para mejorar los incentivos fiscales en una nueva legislación sobre el mecenazgo, ha puesto en marcha a través del Ministerio de Cultura, pero, según las fundaciones, la medida ha generado roces en el Ejecutivo por la negativa de Hacienda a elevar las deducciones porque traería consigo una merma en la recaudación. Está previsto que la nueva norma esté lista a finales de 2013.

Entre los peros a la reforma, los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha, podría dar más herramientas a las grandes fortunas, que ya tienen formas de pagar menos impuestos, como las sociedades colectivas de inversión. A ello, los inspectores de Hacienda añaden que hay muchos casos en los que bajo las operaciones de mecenazgo se ocultan meros contratos publicitarios, que no pagan por tanto los impuestos que deberían, y fundaciones que esconden explotaciones económicas.

De hecho, en 2011, sólo 4.166 de los contribuyentes con unas rentas superiores a los 600.000 euros hicieron alguna donación, y lo hicieron por un valor total de cinco millones, aunque en este registro no se contabilizan aportaciones como la de Ortega, que gestiona su acción filantrópica a través de una fundación.

La falta de información está en el origen de la desconfianza que generan estas donaciones en parte de la población. Para el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, el factor clave de la filantropía es que forma un todo con el Estado del bienestar, sin querer sustituirlo, que se encarga de redirigir rentas desde lo que más tienen a los más desfavorecidos.

Entre otros problemas, entiende que «la filantropía no está reconocida socialmente”, afirma este experto. Tanto Concepción como Gomá también coinciden en señalar que la descalificación suele mezclar dos planos, el de la empresa y el de la filantropía, que hacen que se caiga en la demagogia. “La apertura de fábricas debe seguir la lógica del mercado, no de la filantropía, y para abrir una fábrica artificiosamente, sin que lo demande el mercado, mejor practicar la filantropía”, afirma el director de la Juan March.

Para mejorar el prestigio de las asociaciones, Concepción apuesta por revisar el origen de los fondos que aportan sus donantes para rechazar el dinero con origen dudoso, así como colaborar con empresas que sean coherentes con su actividad en términos de responsabilidad social.