La ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) se basa en el reconocimiento objetivo de los derechos de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas y en la obligación por parte de éstas a garantizar esos derechos.

La ley establecía que las administraciones, tanto las autonómicas como las locales según su nivel presupuestario, estuviesen operativas en Internet, como muy tarde, desde el 31 de diciembre de 2009.Con ello, las administraciones públicas deben posibilitar todos los servicios, incluyendo registros, pagos, notificaciones y consultas del estado de tramitación de sus procedimientos.

De hecho, por si surge cualquier problema con respecto a la ley, nacido de la propia ley, existe la figura del Defensor del Usuario de la administración electrónica, y éste debe velar por la garantía de nuestros derechos.

Una de las ventajas más evidentes es que se puede resolver cualquier trámite durante los 24 horas del día, 365 días al año y, además, hacerlo desde casa y sin turnos. Otra es que si la administración ya posee alguna documentación, el ciudadano tendrá derecho a no aportarla más; ellas son las que deberán realizar el esfuerzo y buscar en sus propios archivos. La administración está obligada a modernizarse, a ponerse al día, con todos los cambios que ello implica.

Y hay algunas ventajas más pero la conclusión que se podría sacar de esta ley es que se establece un vínculo directo entre las administraciones públicas y los ciudadanos a través de Internet, y lo que en esa relación supone un derecho para el ciudadano se convierte en una obligación para la administración.