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PROPUESTAS ELECTORALES PARA EL 20D: POLÍTICAS DE PRECISIÓN

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Por Antonio Regalado

Decíamos ayer… que el Programa Marco Electoral (PME) es, como nos enseñó el presidente Adolfo Suárez, un contrato con el pueblo soberano. La  elaboración de un programa requiere de un equipo multidisciplinar no muy numeroso que redacte de forma clara las ideas y las soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos. A eso le llamamos políticas de precisión.

El texto resultante debe ser la biblia de nuestra campaña electoral. A continuación, aportamos una cadena de ideas-fuerza, de propuestas y compromisos para conformar políticas de precisión proactivas. Como el problema mayor que nos acecha no es el económico, sino el de la unidad nacional, habrá que empezar por el principio.

La unidad de la Patria no es negociable. Sería deseable que la reforma de la Carta Magna blinde la forma de Estado y la unidad de la Nación española.

La bandera, el himno, la Constitución, las instituciones democráticas y la Monarquía  son símbolos que hay que proteger y es preciso penalizar a quienes insultan y denigran dichos símbolos comunes, más allá de las críticas y de la libertad de expresión. (El Gobierno debe adquirir  el compromiso de poner letra al himno nacional mediante un concurso público patrocinado por las Cortes Generales. Los derechos de autor se cederán de por vida a la Nación Española mediante una compensación simbólica y honorífica al autor o autores –y herederos– de la letra.)

Separación de poderes. Recuperar el art. 22-3 de la CE. Nadie debe estar por encima de la ley. Reformas del Consejo General del Poder Judicial, de los TSJ CC, del TS, de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía General del Estado.

Misma fórmula de juramento para todos los cargos públicos, sin excepciones. La condición de funcionario, parlamentario o cargo público sólo será efectiva si se jura o promete cumplir la Carta Magna con dicha fórmula única. Inhabilitación para quienes no cumplan o no hagan cumplir las leyes.

La reforma de la Constitución de 1978 coincidirá en su proximidad al 12 de Octubre para celebrar conjuntamente la fecha con la Fiesta Nacional. 

Reforma del Estado y de todas las Administraciones públicas en los próximos 10 años. Cerrar el mapa autonómico con urgencia. Descenso de funcionarios y de trabajadores de las empresas públicas.

Reforma del Congreso (sistema alemán) y Senado (representación territorial) lo que lleva implícito la Reforma Electoral.

Ley de Prevalencia del Congreso y del Senado sobre la legislación de las CCAA. Sólo el TC tiene potestad para derogar estas leyes.

Oficina del Gasto en el Congreso para saber cuál es día a día la desviación presupuestaria. El objetivo de déficit cero debe ser sagrado.

Ley de Contabilidad Nacional homologada en todo el territorio nacional para todas las administraciones públicas. Prohibición expresa de creación de empresas mixtas en los ayuntamientos porque son un germen de corrupción absoluta (caso Marbella)

Mismo documento personal para todo (DNI, SS, Sanidad, Hacienda, matrícula de coche, etc.)

La tarjeta sanitaria tendrá validez en todo el territorio nacional.

Mismos derechos y deberes en todo el Estado. Educación, sanidad, agua, justicia y exteriores serán competencias exclusivas del Estado.

Voto en el extranjero en las sedes diplomáticas, consulares e Internet. Recuento en tiempo real.

Supresión de la Disposición adicional Primera y de la Disposición Transitoria Cuarta (Navarra) y los Eres en Andalucía y Extremadura: objetivo: ser más libres e iguales.

 Sería deseable que los partidos constitucionalistas mientras peligre la democracia, se uniesen en candidaturas al Senado en los territorios donde sigue amenazada la unidad (Cataluña, País Vasco y Navarra). Se podrían denominar SENADORES POR ESPAÑA/SENADORES POR LA CARTA MAGNA 0 SENADORES POR LA CONSTITUCION.

Urge Ley de Referendos fijando porcentajes de participación y de votos a favor y en contra para modificar las leyes.

No existe el derecho a decidir.

Dotación suficiente al Tribunal de Cuentas para la inspección de todas las cuentas de los partidos políticos y sindicatos.

El Tribunal de Cuentas sancionará al gerente y a los partidos políticos que no justifiquen debidamente y/o falsifiquen las cuentas anuales y las campañas electorales. 60 días después de cada votación, los partidos darán cuenta al Tribunal de los gastos e ingresos.

 La manipulación de las cantidades se considerará motivo suficiente para congelar o perder las ayudas a las que tuvieren derecho por los resultados. El gerente y el presidente/secretario general del partido serán los máximos responsables políticos y administrativos de la rendición de cuentas.

Inventario de los edificios de las administraciones públicas, aprovechamiento de espacios para no pagar alquileres a terceros y algo importante: conocer exactamente cuántos son los funcionarios y trabajadores españoles en la nómina del estado.

Los bancos no podrán condonar deudas a los partidos políticos. No a las amnistías fiscales; defraudar a Hacienda será considerado un delito social que habrá que tipificar junto al enriquecimiento ilícito.

Las fundaciones (en especial las de los partidos políticos) no podrán financiarse con cargo a los PGE ni a los de las CCAA y los ayuntamientos.

No habrá indultos para corruptos, corruptores, traficantes, pederastas, defraudadores de Hacienda, políticos y funcionarios desleales, golpistas y prevaricadores. 

Aumento de penas para ladrones de fibra óptica o cobre (sabotajes) que pongan en peligro la seguridad de las personas en los transportes públicos.

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