Sociedad Civil

Por Antonio Regalado

El derecho a la propiedad privada y a la herencia está consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. De hecho, la calidad democrática de una nación se evalúa por el nivel de protección al patrimonio de los ciudadanos. La propiedad privada es la esencia de la libertad frente al “exprópiese” de los regímenes dictatoriales. Desde hace años, el fenómeno “okupa” se ha extendido exponencialmente en nuestro país hasta el punto de que instituciones municipales, como los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, han alentado y apoyado estos “movimientos culturales”.

Este fenómeno social, acrecentado tras la crisis de 2007 en los desahucios por impago a los bancos, tiene más de 25 años de historia en Europa. Según datos del INE, en España, con 3,4 millones de viviendas vacías,  se han dado 1.500 casos de okupación en los últimos dos años. La Junta no ha publicado cifras todavía de esta actividad ilegal. Baste un ejemplo para dibujar la magnitud del problema: en Elche se producen dos okupaciones por semana.

Sistemas antiokupa

Desde la UE están llegando las soluciones al campo y a la ciudad. Es el caso de la multinacional británica VPS que ha multiplicado por cuatro su presencia en España desde 2015. En las próximas semanas ofrecerá una estadística nacional, autonómica y local completa. Una estadística que incluirá las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y todas las ciudades mayores de 10.000 habitantes. Oscar Aragón, Managing Director del Grupo VPS se ha comprometido a adelantar a  ABC-Toledo esta estadística que puede sorprendernos a todos:

“Creemos que los datos servirán para abordar desde las instituciones un problema que va más allá de los desahucios. La gente necesita sentirse segura; muchas personas tienen miedo a perder la propiedad mientras está vacía”, sostiene el principal ejecutivo de VPS.

Ser víctima de una okupación ilegal –volvemos a insistir en el carácter ilegal- puede costar, además de muchos dolores de cabeza, unos 25.000 euros en trámites jurídicos, lucro cesante y desperfectos.  Más de 400 particulares e inversores castellano-manchegos han contratado los servicios de esta multinacional y tienen alquilados temporalmente sus equipos antiokupas hasta que la propiedad se arriende o se venda.

Aragón nos explica que “la crisis y la falta de protección legal efectiva hace que muchos ciudadanos piensen que se protege más a los okupas que  los propietarios”. En este sentido, a esperas de una legislación menos permisiva,  la respuesta técnica es sencilla: la instalación de sistemas antiokupas. Se trata de puertas de acero  con un sistema de cerradura especial  y ventanas de un cristal especial que hacen  imposible la penetración de personas indeseables en casas o en inmuebles no ocupados. Se complementa con sistemas de alarmas sin cableado, con cámaras de grabación  nocturna permanente, conectados vía wi-fi a la central propia y a la de la policía. Una protección total que incluye,  además,  el mantenimiento,  la limpieza, la vigilancia, la evaluación de riesgos  y, en definitiva, la revalorización del bien protegido para que pueda salir  de nuevo al mercado.

Puertas para blindar el campo

El máximo responsable de VPS entiende que su misión preventiva, defiende la convivencia y el bien común. “No cabe duda” – confiesa O. Aragón a nuestro diario- “de que las empresas de seguridad contribuyen y colaboran con la Fuerzas de Orden Público en la lucha contra la criminalidad organizada, los desórdenes en vecindarios conflictivos y de que nuestros servicios permiten que los ciudadanos sientan mejor protegidos sus bienes inmuebles desocupados contra intrusos, robos y vandalismo. En suma, contribuimos a una mayor convivencia cívica. Y nos sentimos orgullosos de ello. Generar confianza y seguridad son parte de la filosofía corporativa de nuestra entidad en España y en medio mundo”.

Esta empresa de servicios de seguridad, instalados en España a finales en 1992, tiene cobertura nacional y delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. A raíz de los resultados de la “estadística okupa” que está elaborando, estudiará ampliar su implantación regional. También tiene soluciones para el medio rural, muy castigado en Castilla-La Mancha por robos, incendios, vandalismo, violencia e inseguridad. Las llanuras de La Mancha son muy vulnerables y hasta se habló la pasada legislatura de crear una policía rural.

Por fortuna, el ministerio del Interior y las autoridades regionales la desestimaron.  La innovación permite hoy blindar el campo también. VPS dispone de la Smart Tower. El propio manager de la empresa la describe con estas palabras: “es una torre con cámaras de visión nocturna y detectores de movimiento. Se conecta a Internet sin necesidad de que haya corriente o wi-fi. Tiene alarma de aviso y conexión permanente con nuestra central y con la policía. Actúa con una autonomía de 7 días. Graba todo lo que ocurre las 24 horas y dispone de altavoces para que los vigilantes, desde nuestra oficina, puedan hablar con la persona que se acerca  y comunicar cualquier incidencia. La Smart Tower la ofrecemos a propietarios de grandes extensiones e instituciones de C-LM para que comprueben su eficacia y seguridad. Es la forma más innovadora de blindar y poner puertas al campo”.

Sabemos que el binomio libertad-seguridad no tiene precio. Pero tanto los alquileres temporales para cuidar casas o naves como los de la Smart Tower oscilan entre los 60 y los 100 euros por mes. Un precio asequible por la tranquilidad de saber que nuestra  propiedad vacía se encuentra segura en manos expertas  y no pierde el valor. Excelentes soluciones las de VPS contra los okupas del campo y de la ciudad. Quedamos a la espera de conocer los datos de la encuesta sobreokupación, un fenómenos social no nuevo pero si preocupante, agravado por la globalización.

Por Antonio Regalado

Acaba de celebrarse en el Parador Nacional de Toledo el XXVI Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeas (APE) que preside Diego Carcedo. Este año se ha dedicado a analizar las Ciberamenazas y Respuestas. ¿Qué hemos aprendido de los expertos, el medio centenar de periodistas, militares, diplomáticos y personal de empresas especializadas?

Que el mundo cambió hace ahora cien años con la creación de la fuerza aérea controlando los cielos y que hoy, el ciberespacio ha roto todas las fronteras. Hemos asimilado nuevos conceptos como ciberseguridad, ciberdefensa, ciberataque, ciberespionaje,  cibercontraespionaje, ciberescudo, ciberaliados, ciberdependencia, ciberejértico y ciberconfianza. O el papel destacado que juegan los drones más allá de su situación legal (o alegal) para vigilar o portar armas para la destrucción de objetivos concretos.

La paz tiene su precio. Mientras escribo estas líneas, desde Nueva York nos llegan noticias de que las empresas energéticas españolas han sufrido un ciberataque de un grupo denominado Dragonfly y de que la juez de Alcalá de Henares Nuria Alcalde ha absuelto a A.J.C.P., creador en 2003 del virus “Raleka” al no estar tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. No hay que alarmarse.

Expertos de la Guardia Civil y de Interior cifraron en unos 300.000 millones de euros las pérdidas anuales globales por las ciberamenazas –en España no hay estadísticas- y en miles, los puestos de trabajo.  En nuestro país se producen 39.000 ataques diarios que, en su mayor parte son neutralizados por el Mando Conjunto de Ciberdefensa, por el Centro Criptológico Nacional por el Área de Seguridad de la Guardia Civil, por el CNI, por Indra  y por el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNIC).

Ahora sabemos que todo lo que ocurre en la Red tiene repercusión en el mundo real; que la OTAN posee el mejor escudo protector contra las ciberamenazas y que puede responder en cuestión de segundos en cualquier parte de su territorio y en el de sus aliados,  que se extiende hasta Nueva Zelanda y Australia. ¿Para cuándo un centro de inteligencia conjunto de la UE? Algo quedó claro: los ejércitos actuales nada tendrán que ver con los de la mitad de este siglo.

Aprendimos también en estas veinte horas de trabajo intensivo que el Estado y las CCAA tan reticentes en aspectos sociales, económicos, educativos y políticos, colaboran lealmente en la neutralización de programas antivirus. Asimismo, que nuestras  FFAA son ciberdependientes como todas. La respuesta está, pues, en la alianza entre instituciones públicas, privadas y en especial en las empresas y universidades, en la colaboración global en la nueva cibersociedad.

Indra, es un ejemplo claro de esta multicooperación cívico-militar a nivel plurinacioinal. La concienciación, la formación, el adiestramiento, la exploración, el desarrollo y la acción/reacción (lo que los expertos  llaman nuevo sistema de inteligencia humana) han de forjar la nueva estabilidad de los países democráticos.

Por vez primera, con motivo de la proclamación del rey Felipe VI, Madrid puso en marcha un programa de ciberseguridad para que durante todo el acto no fallaran la electricidad, las comunicaciones, el agua, el gas y demás elementos indispensables para abortar la ceremonia histórica. Estamos hablando de otros escenarios y de otras guerras… que ahora se denominan irregulares. La frontera está en la Nube.

En este nuevo contexto, y pese a las nuevas tecnologías, “somos más vulnerables que nunca”, admitía en su conferencia el almirante Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEME) De ahí el nuevo enfoque que hay que dar a la acción conjunta, a la influencia cibernética, más allá de que un país sea una potencia armamentística o nuclear. Influencia, contrainfluencia y confianza… “Confía, sí;  pero verifica”, es uno de los principios básicos de la colaboración.

En este escenario virtual, con la crisis galopando sobre todos los departamentos, -“este capítulo de Defensa no disminuirá en los Presupuestos 2015,”-, aseguró el ministro Pedro Morenés. Y ello, pese a que el pasado año, se cobrase centenares de víctimas: las palomas mensajeras del Ejército de Tierra que desparecieron por ahorro. Había que quitar el alpiste al canario.

La revelación la llevó a cabo el secretario general de la APE Miguel Ángel Aguilar, alma mater de estos encuentros, que se dolió públicamente de esta colombi-decisión irrevocable. “Félix Sanz, Director del Centro Nacional de Inteligencia y castellano-manchego de Cuenca, reconoció la ayuda inestimable de estas aves colaboracionistas con los servicios de seguridad del Estado pero precisó, con sentido del humor, que “ya no eran útiles ni con microchips”.

Tras escuchar a los expertos civiles y militares debemos concluir que, cual guerra de guerrillas, las ciberamenazas pueden desencadenar una guerra (incruenta y letal) desde cualquier parte del ciberespacio. Basta un puñado de expertos informáticos con 20-30 millones de euros para volver a las trincheras de 1914-18 pero esta vez desde los sillones de los ordenadores.

La maldad no conoce horizontes ni descansa. Los enemigos disparan en todas direcciones. También es cierto que nuestros ciberagentes vigilan noche y día  los agujeros débiles para neutralizar los ciberataques permanentes.

En cada golpe de mano, la Red ya no es la misma. Y hay que reconfigurarla, reconstruirla. Una guerra abierta, interminable contra el Estado, las instituciones y las empresas. Es decir, contra todos nosotros. La verdad es que  García Sánchez, Sanz y Morenés nos tranquilizaron bastante, afirmando y confirmando  “que la respuesta es rápida y estamos en buenas, en las mejores manos”.