ONG, grupos farmacéuticos, asociaciones de automovilistas, organizaciones ecologistas, entidades que representan a las familias, a los jóvenes y a los mayores, empresas, asociaciones de jueces… Los integrantes de la sociedad civil tendrán que cumplir unas normas a la hora de relacionarse con la clase política, con obligaciones como inscribirse en un registro de lobbies o cumplir un código de conducta.
Así sucederá si prospera una propuesta del PP de regular la actividad de los lobbies en España con la finalidad de conseguir una mayor transparencia en los contactos entre la sociedad y los grupos políticos. La iniciativa de los populares, que se debatirá en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre, podría introducirse en la Ley de Transparencia, que se tramitará en la Cámara Baja después del verano.
El diputado del PP y secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Santiago Cervera, ha elaborado un informe sobre la actividad de estos grupos y ya ha contactado con representantes de otras fuerzas políticas para abordar esta cuestión antes de que comience su tramitación en el Congreso. No es la primera vez que se plantea esta cuestión, puesto el propio PP ya propuso en 1990 regular la actividad de los lobbies; en 1993, lo planteó CDS y en 2008 fue ERC-IU-ICV quien planteó esta regulación.
Cervera explica en su análisis que la actividad de los lobbies debería ser «facilitada por los poderes públicos», ya que estos grupos sociales son una de las «expresiones más genuinas y legítimas en la democracia participativa» actual, por lo que cree que deberían contar con los mismos cauces de participación que en otros países. De hecho, España es uno de los pocos países europeos sin una normativa al respecto, por lo que el texto del PP aboga por “considerar un modelo similar al del Parlamento Europeo”.
Desde 2008, la normativa europea al respecto obliga a todos los grupos de la sociedad civil que quieran acceder a la Eurocámara a que se inscriban en el registro de lobbies y que se sometan a un código de conducta que establezca las relaciones que mantengan con los diputados europeos, además de declarar los intereses que representan.
Además, en Europa se prohíbe a los eurodiputados que reciban regalos de más de 150 euros, se les obliga a revelar los ingreso extraordinarios que obtengan fuera de su actividad parlamentaria y fija unos límites a los ex eurodiputados que trabajen para los lobbies.
