El 90 % de los políticos españoles opina que el lobby no está suficientemente regulado en nuestro país, frente al 56 % de los dirigentes europeos que lo consideran así, según cifras del informe ‘El Lobby en el Nuevo Marco Regulatorio’, realizado por Cariotipo MH5 y Burson-Marsteller, en 20 países de la Unión Europea, en el que han participado más de 600 políticos europeos.
Un 44 % de los encuestados españoles cree que estará bien regulado en los próximos tres años, pero sólo el 34 % de los decisores cree útil la existencia de un registro de estos grupos, según el estudio. A excepción de algunas cuestiones sobre la regulación del sector del lobby o la transparencia, el documento encuentra pocas diferencias de percepción entre los dirigentes políticos en España frente a otros países comunitarios.
El informe destaca un aumento de la actividad del lobby en España paralela a su profesionalización y lo justifica por la situación del país y la complejidad de sus administraciones, que necesitan «mayor comunicación y participación» de los sectores económicos y sociales en las decisiones. Las asociaciones profesionales y sectoriales, seguidas de sindicatos, periodistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) son los grupos más activos y eficaces en España.
A pesar de que casi el 60 % de los políticos preguntados defiende la presencia de los lobby en la toma de decisiones al asegurar la participación democrática de los actores económicos, sociales y los ciudadanos, un 46 % alerta de que estos no son suficientemente transparentes, frente al 26 % de los europeos que ven la existencia de este fallo.
Sin embargo, los políticos españoles valoran también la capacidad de los lobbys para incrementar la relevancia de determinados temas (12 %), su labor como facilitadores de información útil y a tiempo (10 %) y la conversión de información técnica o científica en relevante.
En esta línea, el secretario 4º de la Mesa del Congreso, secretario técnico del Grupo Popular y miembro del Consejo de Dirección del Partido, Teófilo de Luis, señaló la complejidad y variedad de problemas a los que deben hacer frente los legisladores. Por ello, explicó que es «imposible» abordar reformas de sectores regulados sin el apoyo y el conocimiento de los técnicos.
«Los políticos tenemos la obligación de que esta actividad sea percibida de forma positiva por la sociedad, ya que es fundamental para una correcta toma de decisiones», afirmó, por su parte, el diputado de Convergencia i Unió y vicepresidente 4º de la Cámara Baja, Jordi Jané, durante la presentación del documento.
A su juicio, el Ejecutivo y los legisladores tienen el derecho y la obligación de conocer mejor la incidencia que pueden tener sus decisiones sobre el interés general como en los grupos concretos a los que afecte. «El político no puede encerrarse en una cabina aislado», defendió Jané.
