“Abrir un “periodo constituyente”, como piden los separatistas y la izquierda radical, desguazará la unidad de la Nación, romperá en mil pedazos la solidaridad y terminará dinamitando la Monarquía”.
Por Antonio Regalado
No al menos cuando se intenta dialogar con los separatistas y populistas. Es como convencer a un drogadicto de que se desintoxicará. La unidad de España no es negociable. Por tanto, nada hay que dialogar. Aunque dijeran que sí, nunca cumplirían su palabra.
Celebramos el pasado 6 de diciembre el XXXVIII aniversario de la Carta Magna. Casi cuatro décadas viviendo en libertad. Nadie puede dudar de que es el periodo más largo y fructífero de nuestra Historia. La Transición cerró el pasado y nos abrió las puertas al futuro de la convivencia. La reconciliación fue posible gracias a personas imprescindibles como el Rey (emérito) don Juan Carlos, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Miguel Roca, Manuel Fraga y todo un pueblo detrás reclamando un tiempo nuevo.
La democracia nos ha hecho más libres y más iguales. Y la Constitución del 78 ha sido la herramienta que ha vertebrado el cambio abismal que va desde el 6 de diciembre de 1978 al 5 de diciembre de 2016. Esta Ley de Leyes ha conseguido silenciar las pistolas de ETA. Este hecho justificaría ya su continuidad. El Titulo VIII ha permitido una descentralización administrativa y política sin parangón en nuestro mundo civilizado. Hoy, comprobamos que ha resultado desmesurada.
Lealtad constitucional
Una descentralización desmesurada por la falta de lealtad constitucional de los nacionalistas que, vestidos de corderos, han resultado ser unos insaciables lobos separatistas, bien acompañados en su viaje insolidario por los populismos emergentes. Hace mucho que descubrimos que los nacionalistas “son antes nacionalistas que demócratas”. Ahora confirmamos que esa filosofía anticonstitucional es propia también de las izquierdas radicales.
No les ha bastado sacar tajada tras tajada, legislatura tras legislatura, simulando apoyar a los gobiernos de La Moncloa, solo con el único objetivo de desguazar la Nación. Ahora únicamente tienen una meta: el independentismo, amparándose en el chantaje, el miedo, la inacción del gobierno central y la indiferencia de los partidos políticos bien estabulados en el pesebre público. La pregunta no es cómo hemos llegado hasta aquí sino responderse: hasta aquí hemos llegado. El derecho a decidir es un desafío falsario que debe ser combatido con todo el poder del estado de Derecho. Por ello, este es mejor momento para recuperar el “recurso previo de inconstitucionalidad” que nunca debió ser derogado.
Reforma no constituyente
El aventurismo político de los secesionistas –siempre les sale gratis total- ha obligado al resto de grupos políticos a pronunciarse a favor de una reforma constitucional pretextando un acomodo más fácil en la nueva Constitución Española. Es una mentira más a la que sr ha sumado la izquierda radical y populista con el PSC y el PSE desnortados. Los constitucionalistas también queremos las reformas; sí, pero en el sentido contrario al que demandan nacionalistas, separatistas y populistas que intentan abrir un “periodo constituyente” que desguazará la unidad de la Nación, romperá en mil pedazos la solidaridad entre Comunidades Autónomas y terminará dinamitando la Monarquía.
Hoy, precisamente hoy, es el día D y la hora H para demandar a los partidos constitucionalistas (PP, PSOE, Ciudadanos, la extinta UPyD y CINC, Centro Izquierda Nacional) alcanzar un consenso suficiente para una reforma que impida el “golpe de Estado en diferido” que impulsa la Generalitat de Cataluña y el PNV con sus aliados batasunos y podemitas. Y, asimismo, es el mejor momento para reclamar la reversión al Estado de las competencias en Educación sanidad, prisiones y justicia. Menos autonomías soberanistas, más Nación, más España. Somos ciudadanos no súbditos de una comunidad identitaria. Mismos derechos, mismos deberes en todo el territorio nacional. Españoles más libres, más iguales. Ese es el espíritu y la filosofía de los Padres Fundadores de la Carta Magna. Casi 40 años después siguen vigentes.
Diálogo ¿para qué?
Los demócratas creemos firmemente que el mejor homenaje a la Carta Magna es cumplir y hacer cumplir la Ley de Leyes; en este sentido, advertimos que quienes no acatan sistemáticamente las sentencias de los tribunales ni respetan nuestra normativa democrática, tampoco aceptarán cambios en un marco federal. ¿Alguien conoce a un solo nacionalista que sea federalista? Es un contrasentido. Reitero mi afirmación: los nacionalistas son antes nacionalistas que demócratas. No puede existir un diálogo constructivo con quienes ya tienen marcada una hoja de ruta fuera de la ley.
En este ambiente de lo políticamente correcto, vemos con preocupación la libre disposición de la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, -con despacho abierto en Barcelona- a dialogar sin reservas con el Gobierno desleal de Puigdemond.
Cabe demandar que la nueva interlocutora gubernamental explique cuanto antes en sede parlamentaria las 46 propuestas de diálogo con el Ejecutivo catalán y qué cesiones está dispuesta a llevar a cabo –y a qué precio- para calmar la voracidad separatista con el objetivo de evitar el ilegal referéndum previsto para septiembre de 2017.
Desarrollo del art. 155
Frente al victimismo, la mentira y el chantaje del gobierno autónomo y el Parlament catalanes, los demócratas exigimos al Ejecutivo de la Nación, firmeza y cumplimiento del ordenamiento jurídico. En consecuencia, ahora más que nunca, procede desarrollar el artículo 155 de la Constitución como mecanismo político jurídico contra el independentismo. En democracia, -deben saberlo nacionalistas, separatistas y podemitas-, nadie está ni estará por encima de la ley.
Finalmente, aprovechando la efeméride de vivir casi cuatro décadas en plenitud de derechos, obligaciones y libertades, en un estado de Bienestar aceptable, solicitamos que la nueva ley de Educación recupere el derecho y el deber de que el español sea la lengua oficial en todo el territorio nacional tal y como consagra nuestra Carta Magna en su Artículo 3.1. Resulta vergonzoso e increíble que no se pueda estudiar en castellano en una buena parte de nuestro país.
Defendamos la Carta Magna como garante de las instituciones, de la democracia y del Estado del Bienesrar. No hay presión de la opinión pública –solo intereses secesionistas- para abrir el melón constitucional ni necesidad alguna de reformarla sin saber qué vamos a mejorar. La experiencia de Italia debe servirnos de aviso. La Constitución sigue más firme que nunca manteniendo la estructura política, social y jurídica de esta vieja nación llamada España. Nuestra lealtad a la CE no es por patriotismo. Es por convicción democrática. Y por orgullo de sentirnos españoles. ¡Larga vida a la Constitución del 78!
